

Por Natalia Calcagno
América del Sur institucionaliza la cultura en sus Estados en un proceso que comenzó hace 25 años, aunque es difícil trazar un punto de corte. En este sentido, el hecho de Cultura como una cartera de alta jerarquía en el Estado es una creación de nuestra época. Y no es que antes no hubiese política cultural, en general los Ministerios de Educación alojaban en sus organigramas una oficina que actuaba como el mayor actor del Estado en la ejecución de la política cultural.
De más está decir que esos organismos no pretendían ni mucho menos lograban cubrir todo el espectro de lo que hoy llamamos campo cultural. Y aun cuando los países alcanzan a jerarquizar la gestión de la política cultural en un Ministerio, quedan una cantidad de acciones culturales llevadas adelante por otros espacios de gestión. En Argentina, por ejemplo, hay varios Ministerios y organismos estatales que realizan políticas culturales: Planificación como socio en el Plan Igualdad Cultural, Educación en ramas que van desde la formación artística hasta el Plan Nacional de Lectura, Desarrollo Social con programas de apoyo a la creación de productos artesanales, estímulo del asociativismo en industrias culturales, incluso la puesta en marcha de un elenco de danza. La lista puede seguir con el AFSCA, la Unidad Bicentenario que depende de la Presidencia de la Nación, la Administración de Parques Nacionales, etcétera.
Junto con este proceso de institucionalización, palabra rara, con cierto aire de extrema formalidad y etiqueta, la región sudamericana también vive una experiencia enriquecedora que tanto es consecuencia y antecedente del cambio de perspectiva que los Estados tienen sobre la cultura. En toda América del Sur los Estados empiezan a explorar, a su modo, con sus prioridades y capacidades, el mundo de la información cultural. En el comienzo de este camino parecía existir un acuerdo tácito en que las herramientas con las que se conocía, interpretaba y gestionaba la cultura de Sudamérica no eran adecuadas para esta nueva etapa. Es ahí donde la necesidad de conocer, entender, realizar diagnósticos, diseñar política y ejecutarla demanda de un esfuerzo sistemático en la apropiación de los fenómenos que ocurren en el sector cultural.
Si hacemos un recorrido a vuelo de pájaro, o más bien de avión que alcanzó la altura crucero, vemos que Brasil (re)funda su Ministerio de Cultura en 1992, en 1997 avanza Colombia en igual sentido. En 2002 Argentina crea la Secretaría de Cultura, que respondía directamente a la Presidencia y al año siguiente Chile crea el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. El año 2007 es la bisagra institucional: Ecuador y Venezuela fundan sus ministerios, Paraguay hace su tanto con la Secretaría Nacional de Cultura —similar a la entonces Secretaría de Cultura de la Argentina— y Uruguay creaba la Dirección Nacional de Cultura. Para ese entonces la reformulación en Cultura se había dado en ocho países sudamericanos. En 2009 Bolivia crea el Ministerio de las Culturas y 2010 es el año de la fundación del Ministerio de Cultura de Perú. Como en una serie televisiva, el último episodio de esta tira institucional tuvo como locación principal a la Argentina. En mayo de este año la administración Fernández de Kirchner decide crear el Ministerio de Cultura de la Nación Argentina.
Las cuestiones por las que los países sudamericanos se dan espacios de Gestión Pública de la Cultura no son reducibles a unas tres o cuatro variables. El sector cultural en cada país es responsable por llevar a la sociedad organizada en el Estado sus necesidades de generación de políticas. En varios casos la característica común es la solidificación de un periodo de transición histórica. En Brasil el Ministerio de Cultura es parte de las instituciones de la nova república. En Bolivia, Ecuador y Venezuela la gestión de la cultura es parte de la refundación de los Estados, el caso del Paraguay puede ser asimilable a estos tres. En Argentina, la política cultural que permitió la creación de la entonces Secretaría de Cultura se da en una etapa de crisis social extrema. Otra característica común es la cuestión de las limitaciones y el agotamiento del modelo de la segunda posguerra: la tríada educación, cultura y ciencia-tecnología, que ha demostrado no ser el mejor modelo de gestión para la realidad, los problemas y el tamaño de los países sudamericanos. Todo esto ocurre en un momento donde los objetivos y alcances de lo que se entiende como campo cultural se ha extendido. Sin abandonar el terreno de las bellas artes, del patrimonio, de la formación y el patrocinio de artistas, el alcance de Cultura se apropia de campos como la diversidad cultural, las industrias culturales, las políticas socioculturales y de la redefinición del ser nacional y, en nuestra región, del ser sudamericano. En cada país este fenómeno aparece con su propio matiz: el patrimonio cultural uruguayo no es comparable en alcance y relación con la sociedad actual con el patrimonio de los países que alguna vez fueron parte de la sociedad Inca. Las diferencias extremas en la distribución del ingreso en Brasil y la baja penetración de la infraestructura cultural en la población de bajos ingresos fueron el laboratorio de prueba para una de las políticas de inclusión cultural más relevantes de nuestros días: Puntos de Cultura. El desarrollo de las industrias culturales en la Argentina es muy diferente a la escala que puede alcanzar la industria cultural ecuatoriana. Sin embargo todos los países entienden que con sus problemas tienen que avanzar en este nuevo objeto-sujeto de la política cultural. Esta visión amplia de la cultura es un logro, porque aún con sus limitaciones a la hora de implementar programas concretos, en potencia se extiende a todo el espacio de la creación simbólica, de identidades y pensamiento. Pero también es un desafío, ya que coloca al Estado en un momento de conciencia y obligación con esos espacios, de repensar a la gestión cultural de Estado más allá del apoyo a fiestas y festivales, de la gestión de los museos, etcétera.
Dentro de toda esta agitación institucional hay una constante: el surgimiento y la consolidación de la “información cultural”. Aunque parezca inadecuado explicar algo por la negativa, esta información cultural no se constriñe a una agenda de eventos culturales, a un directorio telefónico donde uno puede encontrar los datos de contacto de todas las organizaciones y personas relevantes para el mundo de la cultura, o una herramienta de consulta de los beneficios que tiene un Ministerio de Cultura. Justamente, por ser un espacio de diseño, ejecución y seguimiento de políticas de Estado, se necesitaron herramientas acordes a las circunstancias. Así se ponen a tono con lo que en otras agencias estatales es indiscutible: a nadie se le ocurriría que un Ministerio de Salud no sepa cuantas camas para internar pacientes tiene a disposición, como se tratan las enfermedades más comunes en adultos mayores, o que un ministerio de transporte no conozca las trazas de las rutas. Sin embargo la nueva gestión cultural tuvo que hacerse de esos espacios de creación de información pertinente a su ámbito de aplicación.
Es así que en paralelo a la “bisagra institucional” de 2007 despega en la región una corriente dentro de la institución cultural: el Sistema de Información Cultural (SIC) y sus variables. El espíritu de la integración regional, horizontal, sudamericana fue clave en este proceso, en el cual tuvo especial influencia el Sistema de Información Cultural del Mercosur (SICSUR) creado un año antes. Si bien en la región había experiencias de desarrollo en información cultural, todas eran irregulares en tanto su continuidad no estaba garantizada institucionalmente, salvo en Colombia que, casi como un pequeño faro en la costa, ya había incorporado a su estructura la Cuenta Satélite de Cultura desde 2002, una herramienta que permite estimar la participación de la producción cultural en el producto bruto interno y en el empleo de un país. El SICSUR promovió la cooperación en el área, y así los profesionales de los países que comenzaban a especializarse en el campo cultural encontraron una institución regional de discusión metodológica, de intercambio de experiencias y aprendizajes, que en el marco de la institucionalización dio lugar al florecimiento de espacios estatales de construcción de información cultural.
En términos de vida de los Estados, casi en un pestañear Argentina, Chile, Perú, Paraguay y Uruguay tienen sus espacios de información cultural en sus Ministerios, donde abarcan temas que van de la economía de la cultura, mapas culturales, estudios sobre consumos y prácticas culturales, evaluación de política cultural, etc. Por su parte, Bolivia, Brasil, Ecuador, Colombia y Venezuela ya cuentan con sólidos proyectos donde desarrollan sus propias Cuenta Satélite de Cultura, una herramienta clave para entender el funcionamiento de la producción cultural en nuestros países. De este modo, la institucionalización de la cultura en América del Sur está más que protegida en tanto los países entienden cada vez más y mejor cual es el alcance del campo cultural, pueden encontrar los núcleos conflictivos que ponen en peligro la cultura de nuestra gente y, entre otras muchas cosas, pueden diseñar con pleno conocimiento políticas para garantizar la posibilidad de producción y acceso a una cultura diversa, plena, propia, que no es más ni menos que un derecho universal del que ningún ser humano debe ser privado.
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