Abogados Culturales. En épocas de clausuras, la cultura tiene quién la defienda

Buenos Aires nunca fue la misma después de los 194 muertos de República Cromagnón en 2004. No muchos lo saben, pero tampoco después de las dos muertes en el boliche palermitano de Beara en 2010. La CABA de hoy es una de las capitales culturales de la región, que se ufana de ser habitada por más de 200 teatros y alrededor de 300 espacios culturales y al mismo tiempo clausura sistemáticamente estos mismos establecimientos incluso luego de sancionadas las leyes que los ordenan. ¿Es exceso de cuidado o hay algo más? Como resultado de este devenir es que aparece en 2011 Abogados Culturales

Es otoño en Villa Crespo desde hace alrededor de un mes, pero el clima no se da por enterado. La noche anterior, no obstante, el viento sopló con ganas y sigue soplando esa tarde. Claudio Gorenman llega caminando apurado al Club Cultural Matienzo, del cual es uno de los fundadores y uno de sus directores (en Matienzo hay una Mesa de Coordinación integrada por siete miembros). El Club Cultural que comenzara sus actividades en una vieja casa de Matienzo y Cabildo (ese punto donde se cruzan Colegiales, Palermo y Belgrano) y se mudara a principios de 2014 a Villa Crespo, fue parte de la movida que dio nacimiento a organizaciones como MECA, Escena, La cultura no se clausura, Cultura Unida, etc. Gorenman, además, es abogado y el que inició Abogados Culturales.

“Mi idea no era ser además de director de Matienzo, abogado de Matienzo”, dice Gorenman, pero… “en esta ciudad, tan compleja para hacer gestión cultural, nos empezaron a caer clausuras, nos empezamos a meter en problemas legales. Entonces, eventualmente, me tocó a mí hacerme cargo de los problemas de Matienzo”. A partir del vínculo con otros espacios, gestores, artistas, “me empezó a sonar el teléfono cada vez que había una clausura, cada vez que alguien tenía un problema”. Desbordado por la situación, “se me ocurrió una organización que fuera de abogados culturales para hacer lo que yo, de alguna manera, ya estaba haciendo”. Así fue como un día armó un flyer y lo posteó en las redes; en dos días había sido compartido 700 veces y le escribieron más de cien abogados.

Gorenman señala que lo que concierne a derecho cultural de la gestión concreta no se ve “ni en la facultad ni en la profesión”. Debido a esto, armó lo que fueron las primeras capacitaciones con unos veinticinco abogados divididos en dos grupos “y ahí empezó a armarse Abogados Culturales. Es gente sumamente vocacional, que se pone la camiseta”. Este año se formó la cuarta camada y en el interín han conseguido levantar alrededor de “200 clausuras, apelado millones de pesos en multas, ayudado en personería jurídica, en temas de derecho de autor, laborales, tributarios, contractuales de artistas, de espacios, y participamos de la Ley de Centros Culturales”.

Abogados Culturales ya lleva cuatro años de existencia y en el presente cuenta con cuarenta integrantes, que se reúnen en Matienzo todos los lunes a las 19 horas. La comunicación inicial es a través de Facebook o por mail y hay un equipo que coordina la atención de casos y se encarga de recibirlos y derivarlos, seguido de otro equipo que se encarga del seguimiento. La mayoría de los abogados que participan practican algún tipo de actividad cultural y, a su vez, la asociación también comenzó a funcionar como un colectivo generando fuertes vínculos internos, con amistades que se forjaron y parejas que se iniciaron ahí.

La ciudad de la cultura y de la furia de la clausura

Es de noche en el barrio de Villa Crespo, aproximadamente las 23 horas del 13 de noviembre de 2014. En la esquina donde Bonpland se cruza con Vera, un operativo con inspectores y policías vestidos de civil se dispone a clausurar el Teatro del Perro por tercera vez en apenas un mes. La primera vez, Diego Mauriño – director del espacio – posteó en Facebook los datos de los inspectores a cargo. En esta última, Mauriño está filmando todo el procedimiento. En la clausura del 13 de noviembre, los inspectores incluso dejaron una consigna policial para impedir el ingreso al establecimiento. En cada cierre ordenado los motivos esgrimidos para la clausuras fueron distintos y ordenaron multas de decenas de miles de pesos; en todos los casos ignoraron lo que decía en los hechos la ley o falsearon flagrantemente sus argumentos.

El caso del Perro se convirtió en emblemático de la falta de una legislación acorde y de la forma de operar de la Agencia Gubernamental de Control del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (AGC), sobre todo en la era post-Cromagnón. Gorenman estuvo “en la primer clausura, y le dijeron cualquier cosa. No conocían la ley: le pidieron plan de evacuación – cuando no lo necesita – le pidieron una salida de emergencia – cuando, claramente, no la necesita -. Le pusieron cualquier cosa y lo clausuraron. El tema fue que Diego (Mauriño) hizo público lo que pasó, hizo públicos los nombres de los inspectores; le cayeron la semana siguiente a hacerle una violación de clausura, porque asumieron que no íbamos a llegar a levantar la clausura en tiempo. ¿Qué pasó? Movimos cielo y tierra y levantamos la clausura. Cayeron directo con la policía. Cuando Diego les mostró que la clausura estaba levantada, dijeron ‘Bueno, vamos a tener que buscar otros motivos’. Vos fijate que en una semana de diferencia, dos inspecciones buscan cosas completamente distintas. Lo vuelven a clausurar y le dejan consigna policial durante treinta días. Estuvo treinta días para levantar la clausura, porque no se la querían levantar”.

Sólo en 2014 y por las razones más diversas, se realizaron 50 clausuras a espacios culturales. La paradoja, señala Gorenman, es que la ciudad de Buenos Aires es “pionera en lo que tiene que ver con derechos culturales. En la constitución de la ciudad hay una declaración expresa de que el acceso a la cultura es un derecho humano. Más arriba que eso no existe”.

El 21 de abril se reunió la audiencia pública que es parte del proceso de implementación de la Ley de Centros Culturales que fue aprobada en diciembre de 2014. La ley “no se reglamenta. Es automática, se llama ‘operativa’”, pero la audiencia pública era un paso requerido. En la audiencia la ley recibió un apoyo generalizado, aunque Jorge Becco, presidente de la Cámara de Locales Bailables, objetó que se permitiera el baile en los centros culturales – pidió que se les aplicaran en ese caso los mismos requerimientos que a un local de los de su cámara -. Lo que la ley estipula es que el baile (entendido como fuera del contexto de una clase) no puede ser la actividad principal de un centro cultural. El detalle mencionado y que las clausuras continúen son una muestra de que el proceso de regularización de los espacios culturales dista de haber terminado.

Por sobre todas las cosas, Gorenman apunta que es necesario entender que “cambió el modelo económico, cambio el modelo de gestión y también cambió el objetivo de poner un centro cultural; eso está reflejado en esta ley”. Para Gorenman, las redes sociales cumplieron un rol importante en ese cambio, porque para montar un centro cultural “hoy por hoy tenés que tener dos amigos, cuatro bandas amigas y un Facebook. No para tener el gran centro cultural, pero para arrancar… la mayoría arranca así: ‘¡Che, loco! Pongamos esto. Tengo un amigo diseñador que quiere hacer muestras, tres amigos que quieren tocar’, ‘Tengo una casa acá’ o ‘Mirá lo que conseguí. Vivimos arriba y programamos’. Algo que requería mucho conocimiento e inversión previa pasó a ser algo mucho más simple y, a veces, mucho más efímero”.

Cromagnón, por su magnitud, tuvo mayor repercusión en el momento que sucedió y en el tiempo. El derrumbe de un entrepiso en Beara que terminó con dos muertos es menos recordado, pero fue otro punto de inflexión. Lo que pasó con Beara fue que se imputó a  los funcionarios que habían firmado la habilitación del local. Desde entonces, desde la AGC cambiaron su forma de encarar las inspecciones; “cuando vos te encargás de encontrarle el pelo al huevo por las dudas no salen más habilitaciones, se clausura cualquier cosa. Aparte, te vuelvo a decir, para mí hay una política tendiente a eso”. Es que Gorenman considera que en lugar de pensar los cierres compulsivos como una persecución a los centros culturales, “yo creo que hay algo más grande. Hay una política por un lado de cuidado y, por otra, recaudatoria también. Van, te caen, te clausuran. No han sido sólo centros culturales, sino que han clausurado muchísimos establecimientos”. La clausura seguida de multa lleva a dos acciones posibles: pagar la multa o apelarla, pero mientras tanto el establecimiento debe permanecer cerrado so pena de infringir la ley.

Si se recorren los centros culturales, no es necesario ser demasiado perspicaz ni hacer un estudio profundo para darse cuenta que el tema está muy presente y que el temor de ser clausurado se ha convertido en una constante. Por eso, Abogados Culturales ha venido a ocupar un rol antes impensado por necesario (asesoraron legalmente también en la creación de la Ley de Centros Culturales que originalmente propuso MECA). Gorenman lo resume diciendo que “somos una ONG que te ayudamos porque creemos que lo que vos hacés vale y lo primero que hacemos es darte tranquilidad, que es que vas a estar bien defendido. La carta cultural también es una carta muy ganadora en el fuero. Hacemos bien el laburo, damos esa tranquilidad, y se corrió mucho la bola de que hay abogados sosteniendo la situación que nos toca vivir”.

Las tareas de Abogados Culturales, no obstante, también exceden la ayuda frente al problema y en función de eso se juntan también con los espacios para asesorarlos en su puesta a punto, y asimismo están en tratativas con el Ministerio de Cultura para que se restaure la UPE (Unidad de Proyectos Especiales), que “es un enlace entre el Ministerio de Cultura y la AGC para tratar casos particulares, tanto de habilitación como de clausuras”. La intención es que construyendo canales de vínculo “de a poquito vayamos generando un historial de casos y que se empiece a flexibilizar lo que tiene que ver con la cultura independiente y la fiscalización y control de la ciudad de Buenos Aires”.

Foto: Diego Braude